Litigios administrativos en general: guía sobre los actos impugnables y los plazos para interponer una demanda

Basado en 106 casos de consulta · Actualizado 4 de octubre de 2026 · Traducido del original en coreano.

Antes de iniciar un proceso contencioso-administrativo, hay que comprobar si el acto que se pretende impugnar es una resolución susceptible de recurso contencioso-administrativo y si se tiene un interés jurídicamente protegido. Por regla general, el plazo para interponer la demanda es de 90 días desde que se tuvo conocimiento de la resolución y de un año desde la fecha en que se dictó. Las vías y los requisitos de tutela varían según el caso, por ejemplo, si se trata de inactividad, suspensión de la ejecución o indemnización por daños.

Personas y autoridad administrativa → Persona afectada o tercero → Autoridad administrativa → Quieres impugnar una decisión o la falta de respuesta → ¿Es una resolución impugnable que afecta derechos u obligaciones? → sí · art. 2 → no → ¿Tienes un interés directo y concreto protegido por la ley? → sí → ¿Presentas la demanda dentro del plazo aplicable? → sí · art. 20 → Puedes interponer una acción de anulación → No procede automáticamente: revisa otra vía o los requisitos → Controla el plazo que vence primero → Regla general: 90 días desde que conociste la resolución y un año desde que se dictó; puede prevalecer un plazo especial → No confíes en una reclamación → La reclamación administrativa no reinicia el plazo contra la resolución original → Identifica el acto impugnado → Una rectificación puede cambiar el objeto: la parte subsistente o la nueva resolución

Puntos clave

Una resolución susceptible de recurso contencioso-administrativo es un acto de una autoridad administrativa —como el ejercicio de potestades públicas— que afecta directamente a los derechos u obligaciones de una persona. Su naturaleza concreta se determina teniendo en cuenta conjuntamente la legislación aplicable, el contenido del acto y el procedimiento seguido (Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 2 (행정소송법 제2조), casos 17, 20 y 25).
Un tercero que no sea el destinatario directo de una resolución también puede solicitar su anulación si tiene un interés directo y concreto protegido por la ley en la que aquella se basa. No basta un interés meramente fáctico o económico (caso 16).
El plazo general para interponer una acción de anulación es de 90 días desde que se tuvo conocimiento de la resolución y de un año desde la fecha en que se dictó; debe respetarse el plazo que venza primero. Si una ley particular establece un plazo especial, prevalece esa disposición (Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 20 (행정소송법 제20조), casos 2 y 18).
Una reclamación administrativa es distinta de un recurso administrativo formal. Por tanto, aunque se presente una reclamación, el plazo para interponer una demanda contra la resolución original no vuelve a empezar. La notificación del resultado de la reclamación también puede no constituir una resolución independiente (caso 19).
Si la autoridad administrativa no responde a una solicitud, debe comprobarse si tiene la obligación legal de responder y si existe el derecho a presentar esa solicitud. Si se cumplen los requisitos, pueden considerarse, entre otras vías, el recurso administrativo para exigir el cumplimiento del deber o la acción para que se declare ilegal la inactividad administrativa (Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 4, apartado 3 (행정소송법 제4조 제3호), caso 3).
La interposición de una acción de anulación no suspende, por regla general, la eficacia ni la ejecución de la resolución. Puede solicitarse la suspensión de la ejecución si existe, entre otras condiciones, una necesidad urgente de prevenir un daño difícil de reparar (Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 23 (행정소송법 제23조), casos 8 y 21).
No todos los actos de una autoridad administrativa pueden impugnarse mediante un recurso contencioso-administrativo. Cuando se trate de una relación jurídica de derecho privado, como un contrato de arrendamiento de bienes de dominio privado o una reclamación de tarifas de uso, puede ser necesario acudir a la vía civil (casos 13 y 15).
Una resolución de rectificación que reduce el importe anula parcialmente la resolución original. Por ello, el objeto de la impugnación y los plazos se determinan con respecto a la parte de la resolución que subsiste tras la reducción. En cambio, en ciertos casos una resolución de rectificación que aumenta el importe absorbe la resolución anterior, y la nueva resolución pasa a ser el objeto de impugnación (caso 6).

Preguntas frecuentes

Q. ¿Hasta cuándo puedo interponer una demanda para que se anule una resolución administrativa?

Por regla general, debe interponerse dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de la resolución y, en todo caso, dentro del año siguiente a la fecha en que se dictó. Debe respetarse el plazo que venza primero y, si una ley particular establece un plazo distinto, hay que consultar esa disposición.

Caso 2, Caso 18

Q. Si presento una reclamación administrativa contra una resolución, ¿se prorroga también el plazo para interponer una demanda?

Una reclamación administrativa no es un recurso administrativo formal. Por tanto, el mero hecho de presentarla no prorroga ni reinicia el plazo para interponer una demanda contra la resolución original. La notificación del resultado de la reclamación también puede no constituir una resolución independiente impugnable mediante un recurso contencioso-administrativo, por lo que debe controlarse por separado el plazo correspondiente a la resolución original.

Caso 19

Q. ¿Qué puedo hacer si la autoridad administrativa no tramita mi solicitud y sigue sin responder?

Puede considerarse un procedimiento de tutela frente a la inactividad administrativa si existe, conforme a la ley o a los principios jurídicos, el derecho a solicitar que la autoridad administrativa adopte una determinada resolución y, pese a tener la obligación legal de responder, esta no lo hace durante un plazo razonable. Entre las vías señaladas en los ejemplos figuran el recurso administrativo para exigir el cumplimiento del deber y la acción para que se declare ilegal la inactividad administrativa.

Caso 3

Q. ¿La ejecución de una resolución se detiene automáticamente si interpongo una acción para anularla?

No. La mera interposición de una acción de anulación no suspende, por regla general, la eficacia ni la ejecución de la resolución. Si se cumplen los requisitos —entre ellos, que sea urgentemente necesario prevenir un daño difícil de reparar y que la suspensión no afecte gravemente al interés público—, puede solicitarse al tribunal la suspensión de la ejecución.

Caso 8, Caso 21

Q. ¿Puedo iniciar un proceso contencioso-administrativo si sufrí daños por una recomendación o indicación injusta de una autoridad administrativa?

Las directrices administrativas suelen ser actuaciones de hecho no coercitivas y, por ello, puede ser difícil impugnarlas por sí mismas mediante un procedimiento contencioso-administrativo. No obstante, podría reconocerse la responsabilidad del Estado por actos realizados por un funcionario en el ejercicio de sus funciones al aplicar esas directrices. Para determinarlo, deben examinarse las circunstancias concretas, por ejemplo, si se excedieron los límites de la actuación administrativa.

Caso 4

Q. ¿También puedo impugnar mediante un proceso contencioso-administrativo el alquiler o las tarifas de uso de bienes de dominio privado estatales o compartidos?

El arrendamiento de bienes de dominio privado puede considerarse un contrato de derecho privado celebrado por el Estado o una entidad local en calidad de agente económico, y la notificación de un pago por su uso también puede constituir una reclamación de derecho privado. En esos casos, puede ser necesario impugnarlo mediante un proceso civil y no mediante un recurso contencioso-administrativo.

Caso 13, Caso 15

Q. ¿Puedo interponer una acción de anulación aunque no sea el destinatario directo de la resolución?

Es posible. Sin embargo, debe existir un interés directo y concreto protegido por la ley en la que se basa la resolución. No siempre basta un interés abstracto común a la población en general ni un interés meramente fáctico o económico para que se reconozca la legitimación activa.

Caso 16

Q. Si se reduce un impuesto mediante una rectificación, ¿se vuelven a calcular los plazos de impugnación tomando como referencia la resolución que lo redujo?

Según la explicación del ejemplo, una resolución de rectificación que reduce el importe equivale a la anulación parcial de la resolución original. Por ello, el objeto y los plazos del procedimiento de impugnación se determinan respecto de la parte de la resolución original que subsiste tras la reducción. Hay que tener cuidado de no calcular de nuevo los plazos tomando como fecha de la resolución la fecha de la rectificación que redujo el importe.

Caso 6

Q. Si una resolución administrativa tiene un defecto, ¿puedo alegar directamente en un proceso civil que es nula?

Si el defecto de la resolución administrativa solo constituye una causa de anulación, la resolución puede considerarse válida hasta que sea anulada conforme a derecho. Por ello, puede resultar difícil negar directamente su eficacia en un proceso civil, como una demanda de restitución por enriquecimiento injusto.

Caso 24

Leyes aplicables

Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 2 (행정소송법 제2조)
Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 4, apartado 3 (행정소송법 제4조 제3호)
Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 8 (행정소송법 제8조)
Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 20 (행정소송법 제20조)
Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 23 (행정소송법 제23조)
Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 28 (행정소송법 제28조)
Ley de lo Contencioso-Administrativo, artículo 34 (행정소송법 제34조)
Ley de Recursos Administrativos, artículo 5, apartado 3 (행정심판법 제5조 제3호)
Ley de Recursos Administrativos, artículo 44, apartado 1 (행정심판법 제44조 제1항)
Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 233, apartado 1 (민사소송법 제233조 제1항)
Ley de Responsabilidad del Estado, artículo 2, apartado 1 (국가배상법 제2조 제1항)
Ley de Gestión de Bienes y Artículos de Propiedad Compartida, artículo 7 (공유재산 및 물품 관리법 제7조)
Ley de Gestión de Bienes y Artículos de Propiedad Compartida, artículo 21, apartado 1 (공유재산 및 물품 관리법 제21조 제1항)
Ley de Gestión de Bienes y Artículos de Propiedad Compartida, artículo 83 (공유재산 및 물품 관리법 제83조)
Ley de Tierras Agrícolas, artículo 8, apartado 1 (농지법 제8조 제1항)

Tenga en cuenta

Los plazos para interponer una demanda deben calcularse tanto desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la resolución como desde la fecha en que se dictó. También hay que comprobar si alguna ley particular establece un plazo distinto.
No dé por sentado que una reclamación administrativa o una consulta ante una autoridad administrativa suspende o prorroga el plazo para interponer una demanda.
La suspensión de la ejecución debe solicitarse por separado de la demanda principal y cumpliendo los requisitos aplicables. La mera interposición de la demanda no interrumpe la ejecución de la resolución.
No todos los actos de una autoridad administrativa son necesariamente resoluciones impugnables mediante un recurso contencioso-administrativo. Algunos pueden derivar de contratos o reclamaciones de derecho privado; antes de iniciar un proceso, compruebe qué tipo de acto se impugna.

Casos de origen

Esta guía fue elaborada por IA a partir de los siguientes casos de consulta de la Korea Legal Aid Corporation (en coreano).

Esta guía es información general sobre el derecho coreano, no asesoramiento legal para su caso. Consulte a un abogado o a la Korea Legal Aid Corporation (132 en Corea).