El enfrentamiento entre la Casa Azul y el Tribunal Supremo por una vacante de magistrado se prolonga. El 18 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo, Cho Hee-dae, propuso por escrito al presidente Lee Jae-myung a Son Bong-gi, juez presidente del Tribunal de Distrito de Daegu, como sucesor del exmagistrado del Tribunal Supremo Roh Tae-ak. En una auditoría parlamentaria de la Comisión de Legislación y Justicia de la Asamblea Nacional (국회 법제사법위원회) celebrada el 6 de octubre, Cho sostuvo que, con la propuesta, había cumplido sus facultades y obligaciones constitucionales. La Casa Azul reiteró su petición anterior de que el procedimiento para presentar una nueva propuesta se llevara a cabo con la máxima rapidez. A fecha de 8 de octubre, el puesto llevaba 219 días vacante.
Antecedentes y contexto
El núcleo del enfrentamiento es si se debe volver a proponer a un candidato a magistrado del Tribunal Supremo o mantener la propuesta ya presentada. En la auditoría parlamentaria, Cho afirmó que ni la Asamblea Nacional ni el presidente pueden intervenir en la propuesta del presidente del Tribunal Supremo. La Casa Azul pide una nueva propuesta y, según las informaciones publicadas, la situación ha derivado en unos 50 días de peticiones y rechazos reiterados de una nueva propuesta, junto con demandas de dimisión por parte del bloque gobernante.
Las críticas del ámbito político también se han intensificado. Kim Min-seok, líder del Partido Democrático de Corea (더불어민주당), pidió el 7 de octubre la dimisión voluntaria de Cho, y el miembro del máximo órgano del partido Lee Seong-yoon mencionó la dimisión y el juicio político. El diputado Park Gyun-taek también dijo que debía estudiarse un juicio político. La primera ministra Han Seong-sook criticó a Cho y preguntó si, si se nombraba al candidato propuesto, el presidente tendría realmente potestad de nombramiento.
No obstante, según las informaciones publicadas, la Casa Azul y el Partido Democrático de Corea se han mostrado contrarios tanto a iniciar un juicio político contra Cho como a presentar ante el Tribunal Constitucional (헌법재판소) una demanda de resolución de conflictos de competencias. Las informaciones señalaron como motivos que sería difícil encontrar una infracción manifiesta de la ley en el caso del juicio político y que sería difícil predecir el resultado de un procedimiento de resolución de conflictos de competencias. Conviene distinguir entre que se mencionen estas dos opciones y que se inicien efectivamente los procedimientos.
Qué significa esta noticia
Este asunto no se limita a un conflicto por un nombramiento. El Tribunal Supremo se encarga de la deliberación y el fallo definitivos de los casos. Aunque falte un magistrado, las salas del Tribunal Supremo y su pleno pueden deliberar y dictar sentencias, pero, según las informaciones publicadas, los 11 magistrados —sin contar al director de la Oficina de Administración Judicial (법원행정처)— deben asumir la carga de trabajo correspondiente a 12. Por ello, preocupa que, si la vacante se prolonga, se acumule la carga de trabajo del Tribunal Supremo y se vea afectado el funcionamiento de los recursos ante el máximo tribunal.
Un juez con experiencia de trabajo en el Tribunal Supremo dijo que la prolongación de la vacante de un magistrado supone una carga considerable para los recursos ante el máximo tribunal. La advertencia de que la vacante podría afectar al derecho de la ciudadanía a ser juzgada no significa que la deliberación y el dictado de sentencias vayan a detenerse de inmediato, sino que refleja el temor a que se prolongue una situación en la que disminuya la capacidad de tramitación del Tribunal Supremo.
Por ejemplo, si una persona tiene un caso pendiente de resolución en el Tribunal Supremo, no puede concluir que su caso vaya a demorarse necesariamente por el mero hecho de la vacante. Sin embargo, dado que cuanto más se prolongue la vacante más carga de deliberación deberán asumir los magistrados, resolver el conflicto por el nombramiento es también una cuestión importante para el funcionamiento de los tribunales y para quienes esperan una resolución judicial.
La vacante también podría tener efectos en cadena sobre futuros nombramientos. Las informaciones publicadas pronosticaron que la vacante actual podría no cubrirse antes de que concluya, en junio del próximo año, el mandato de Cho. Añadieron que también podría resultar difícil nombrar al sucesor del magistrado del Tribunal Supremo Cheon Dae-yeop, cuyo retiro está previsto para mayo del próximo año, si no se resuelve el conflicto entre la Casa Azul y el Tribunal Supremo. No obstante, se trata de previsiones sobre la evolución futura, no de una confirmación de que los nombramientos vayan a retrasarse efectivamente.
Información sobre los mecanismos y la asistencia pertinentes
El procedimiento de resolución de conflictos de competencias (권한쟁의심판) mencionado en este asunto —un procedimiento ante el Tribunal Constitucional en el que organismos estatales o gobiernos locales disputan una vulneración de sus competencias— no es un mecanismo que cualquiera pueda solicitar. Según una guía jurídica interna, deben solicitarlo partes legitimadas en un conflicto de competencias, como un organismo estatal o un gobierno local, alegando que sus competencias han sido vulneradas o corren el riesgo de serlo; las personas particulares no pueden presentarlo.
También deben cumplirse simultáneamente dos plazos. La solicitud de resolución de conflictos de competencias debe presentarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento del motivo y, además, dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que este se produjo. No se ha confirmado si se presentará efectivamente una solicitud en este caso, quién la presentaría ni cuáles serían las cuestiones objeto del procedimiento. Por tanto, el mero hecho de que las informaciones mencionen la posibilidad de acudir a este procedimiento no permite concluir que la solicitud sea inminente ni predecir el resultado.
El juicio político sigue un procedimiento distinto del de resolución de conflictos de competencias. Según la guía jurídica, la Asamblea Nacional debe aprobar la moción de juicio político y, posteriormente, el Tribunal Constitucional decide si el funcionario debe ser destituido. Las informaciones señalaron que sería difícil encontrar una infracción manifiesta de la ley en relación con un juicio político contra Cho, pero no indicaron que se hubiera iniciado efectivamente un procedimiento de destitución.
Hechos confirmados y cuestiones aún desconocidas
Hechos confirmados
- El 18 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo, Cho Hee-dae, propuso por escrito a Son Bong-gi, juez presidente del Tribunal de Distrito de Daegu, como sucesor del exmagistrado del Tribunal Supremo Roh Tae-ak.
- En la auditoría parlamentaria del 6 de octubre, Cho dijo que ni la Asamblea Nacional ni el presidente pueden intervenir en la propuesta y que, al presentarla, había cumplido sus facultades y obligaciones constitucionales.
- La Casa Azul reiteró su postura de que el procedimiento para presentar una nueva propuesta debe llevarse a cabo con rapidez.
- A fecha de 8 de octubre, el puesto llevaba 219 días vacante, y el Tribunal Supremo puede deliberar y dictar sentencias aunque haya una vacante.
Cuestiones aún desconocidas
- Qué medidas concretas acordarán la Casa Azul y Cho para cubrir la vacante.
- Si realmente se iniciará el procedimiento para volver a constituir el Comité de Recomendación de Candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo.
- Si se presentará efectivamente una moción de juicio político o una demanda de resolución de conflictos de competencias relacionada con este enfrentamiento.
- Cuándo se cubrirá la vacante y qué cambios concretos se producirán en la tramitación de los casos del Tribunal Supremo.
Qué conviene comprobar
- Al comprobar si se han producido cambios en la propuesta del sucesor o en el procedimiento de recomendación de candidatos, conviene distinguir entre las medidas anunciadas y las demandas o previsiones del ámbito político.
- Si se presenta efectivamente una demanda de resolución de conflictos de competencias, se puede comprobar quién la presentó, si se trata de una parte que alega una vulneración de sus propias competencias y si se respetaron ambos plazos: 60 días desde que tuvo conocimiento del motivo y 180 días desde que este se produjo.
- Quienes estén esperando la resolución de un caso en el Tribunal Supremo no deberían dar por sentado que la vacante, por sí sola, determina el plazo o el resultado de su caso; es recomendable consultar la información oficial sobre su estado.
